Tras los pasos de China: Maniobras coordinadas para censurar Internet
Siempre lo he sostenido: Hay varios grupos muy poderosos de intereses creados a los que Internet (o más bien, el libre flujo bidireccional de información que internet proporciona a los ciudadanos) no les hace ni una pizca de gracia: 1) Los media, 2) los políticos y 3) las operadoras de telefonía.
1) El primero de estos grupos sería, no el de los artistas como nos quieren hacer creer, sino, lo que es muy diferente, el de la industria del entretenimiento y editorial: discográficas, estudios cinematográficos, grandes grupos editoriales y mediáticos -incluyendo la prensa- y de distribución de estos contenidos, y podría añadir a las multinacionales del software, no solo de entretenimiento (videojuegos), sino también del software privativo de uso general y empresarial, que sin duda ven en el movimiento del Software Libre y en su distribución a coste próximo a cero a través de internet, un competidor formidable e incómodo.
Y es que hay un tema clave: La gratuidad de la distribución y reproducción de la información que permite internet y la digitalización de los contenidos, obliga a esta industria a mantener unos precios mucho más bajos de lo que quisieran, o de lo contrario, no venderán. Algo que no pueden tolerar.
2) Luego están los políticos, los cuales o bien desconocen y desprecian olímpicamente las nuevas tecnologías (lo que era la norma hasta ahora que han experimentado el “aterrador” toque de atención que les ha supuesto el Partido Pirata, al conseguir dos eurodiputados, precisamente gracias a la contestación que los votantes suecos han dado a la criminalización de los creadores y usuarios del sitio de internet “The Pirate Bay” y la iniciativa Piratbyrån), o bien temen y odian profundamente la voz que internet proporciona a los ciudadanos, la cual, permite contestar y rebatir sus acartonados y uniformes discursos prefabricados en pié de igualdad con los grandes media que difunden las consignas de los partidos, proporcionándonos una plataforma para el derecho a réplica o la denuncia que tratan de controlar desesperadamente.
Las nuestras son opiniones y voces incómodas que, sin duda, prefieren que solo puedan tener cabida en un sobre dentro de una urna cada cuatro años, para poder después olvidarse de ellas. Opiniones que prefieren ver obliteradas, o, al menos, controladas, de ahí que por todo el mundo se estén aprobando leyes de intercepción, identificación, retención y control de nuestras comunicaciones, como las directivas europeas de retención de datos y poniéndose en marcha mecanismos que permiten un espionaje efectivo de los ciudadanos, convirtiéndonos a todos en sospechosos vigilados.
Ya hubo
También hay presión por parte del gobierno USA, cuya potente industria mediática y del entretenimiento reclama que garanticen sus enormes beneficios, como demuestra la reciente visita de Joe Biden, fuértemente ligado a la RIAA/MPAA (el cártel de las discográficas/cinematograficas estadounidenses) férreo defensor de la industria del copyright así como las presiones de dicha industria al poner a españa en la “lista negra 301″ de paises que toleran la “piratería” (otro palabro de la neolengua que usa la industria).
3) El sector cuyos intereses han sido los últimos en verse alineados con los de la industria del entretenimiento y el de los políticos es el negocio del oligopolio de las “telcos”, que hasta hace poco habían crecido gracias a logros para sus clientes como las “tarifas planas” y la disponibilidad y el abaratamiento de las conexiones de “banda ancha”, las cuales ahora empieza a volverse en su contra gracias a que sobre ella pueden construirse todo tipo de servicios, lo que dificulta la estrategia de las telefónicas de poner peajes adicionales (como hacen en telefonía móvil) por servicios que internet proporciona gratis.
De ahí la importancia vital de la “Net Neutrality” sobre la que se ha construido internet hasta ahora: voz sobre ip, videollamadas, streaming de vídeo… son cosas que ya “no interesan”a las telefónicas porque ahora quieren posicionarse también como proveedores de contenidos con servicios de pago adicional como TV a la carta por IP, y ya no quieren que sus clientes puedan obtener esos mismos contenidos de forma autónoma, gratuita y sin publicidad.
Por otro lado, “capar” las conexiones que generan un alto consumo de ancho de banda, como el P2P o de streaming de vídeo, les permitiría continuar manteniendo el pingüe negocio sin tener que invertir en modernizar las obsoletas infraestructuras heredadas de la empresa Telefónica estatal: Minimizar la inversión maximizando los márgenes de beneficios.
A todos estos grupos de poderes fácticos, cuyos privilegios y negocietes se ven afectados por las bondades que internet facilita a los ciudadanos, vienen a servir todo un arsenal de draconianas leyes que están poniendo en marcha de forma coordinada sus lobbies en todo el mundo. Todas estas leyes invariablemente se tratan de “colar” de tapadillo, con poco o nulo debate público y con las más peregrinas excusas. Y la enorme contestación ciudadana que despiertan es sistemáticamente minimizada o silenciada por los medios tradicionales, pues están ligados a la misma industria del entretenimiento que las promueve.
Empezando por la ya veterana “Digital Millenium Copyright Act” y siguiendo por iniciativas supranacionales y de dudoso cariz democrático como la extensión a 70 años tras la muerte del autor del monopolio de los derechos de reproducción, o el “Paquete Telecom” o los tratados ACTA cuyo contenido sigue negociándose en secreto.
La “ley de la patada en el router“, apunta en la misma línea que ley HADOPI francesa o la “ley de los 3 avisos” que también quieren imponer en UK, pero trata de salvaguardar los intereses de las operadoras (sin cuya colaboración es imposible de llevar a cabo) ya que no desconecta al usuario, sino que clausura el sitio web y viene esponsorizada por el Ministerio de Cultura capitaneado por la ministra Gonzalez-Sinde y jaleado por algunas cabezas visibles del “cutre-star-system” hispano que se arrogan la representación de los “artistas” (otros, honrosamente, no entran en este juego) cuando en realidad solo están poniendo la cara para dar publicidad a las pretensiones un puñado de grandes empresas (entre otras, las “majors”, los grandes sellos discográficos) y organizaciones de recaudación de royalties (canon, $GA€)
Este proyecto de viene a transponer a españa lo que ya anunciaba el “Paquete Telecom”: Posibilitar el cierre de webs sin control judicial previo (dicen que lo habrá “a posteriori”, pero una vez cerrada una página web, foro ó blog, vete a “pedirle cuentas al maestro armero”, y además la carga de la prueba recae en el acusado, no en el acusador), lo que lograría establecer una censura efectiva de cualquier web que desagrade a cualquier sicofante que quiera denunciarla al “órgano administrativo” que se crearía a instancias de esta ley. Hoy la excusa es el cierre de webs de páginas con enlaces a material con copyright, pero mañana con cualquier otra excusa (o con esta misma) se implantaría una censura absurda y arbitraria que ahogaría por completo el floreciente entorno de intercambio de información, cultura, ciencia y opinión que la web ofrece.
P.D.: Ahora algunos políticos italianos también quieren censurar internet, por permitir expresar a muchos ciudadanos las simpatías que ha despertado la reciente agresión a Berlusconni. Y por otro lado China va un paso más allá y va a prohibir a sus ciudadanos abrir páginas personales, arrebatando de este modo definitivamente Internet a la ciudadanía y monopolizando este medio de comunicación al servicio de las empresas e instituciones públicas.
Y eso es precisamente lo que buscan denodadamente estos tres grupos de intereses creados, que no os quepa ninguna duda.
Por ello SubSonica se une al Manifiesto por las libertades e Internet al que ya se han adherido numerosos sitios web, blogs y ciudadanos en los últimos días:
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:
1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.



















